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Se separó tras 20 años de convivencia y demandó a su ex por obligarla a firmar un acuerdo para quedarse con todos los bienes
Un juzgado de Morón declaró inválido el convenio que dejaba 14 departamentos y dos locales en manos del hombre, y reconoció que la mujer es dueña del 50%. La jueza tuvo en cuenta los testimonios que hablaron de una relación marcada por humillaciones, control económico y malos tratos.
Nota e imagen: TN
Después de casi dos décadas de convivencia en Morón, una mujer logró que la Justicia bonaerense le diera la razón en una demanda por enriquecimiento sin causa contra su expareja.
El fallo, dictado por el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2 de Morón, declaró nulo un pacto de convivencia firmado en 2018, que atribuía al hombre la totalidad de una casa, un comercio, un auto y todas las mejoras realizadas durante la relación.
La resolución judicial ordenó que el demandado le pague a la mujer el 50% del valor actual de todos sus bienes. El monto final de la condena todavía debe determinarse. Una vez que el fallo quede firme, un martillero tasará las propiedades y calculará el valor para establecer la parte que le corresponde a la mujer.
El origen del conflicto
La mujer, de 52 años, inició el juicio en mayo de 2021. En su presentación, reclamó una reparación en dólares.
Según su relato, la pareja comenzó en 1999 y la convivencia arrancó un año después. Ambos reunieron ahorros y recibieron ayuda familiar para comprar una casa en Morón, aunque la escritura quedó solo a nombre de su entonces pareja.
Una vez instalados, iniciaron tareas de limpieza, reformas y construcción. La mujer contó que dejó su empleo para dedicarse a la administración de las obras, mientras la pareja planeaba acondicionar la casa y abrir dos locales comerciales en el frente del terreno.
Con el tiempo, el proyecto derivó en un comercio minorista y en la construcción de departamentos dentro de la propiedad. La demandante aseguró que trabajó durante años en la atención al público, la relación con proveedores y el control de mercadería.
El pacto de convivencia y la decisión judicial
El hombre, también de 52 años, reconoció la convivencia desde fines de 2002, pero negó que su expareja hubiera participado en la compra de la vivienda o en la formación del comercio. Sostuvo que había adquirido el inmueble antes de conocerla y que el negocio se armó con bienes propios y mercadería de su padre.
En 2018, ambas partes firmaron un pacto de convivencia que, según el fallo, establecía que la casa, el comercio, el auto y las mejoras pertenecían exclusivamente al demandado. La defensa argumentó que ese convenio definía la titularidad de los bienes en disputa.
Sin embargo, la jueza consideró que el acuerdo no podía tener efectos. Para ello, valoró testimonios que describieron una relación marcada por humillaciones, control económico, malos tratos y una situación de sometimiento de la mujer durante la convivencia.
Los testigos confirmaron que la mujer cumplía tareas cotidianas en el comercio y que la pareja realizó obras y construyó departamentos en el inmueble. También se mencionaron episodios de violencia verbal y económica, así como una denuncia y una medida de restricción dictada tras la separación.
El juzgado entendió que la desigualdad y el control sobre los recursos afectaron la libertad de decisión de la mujer al firmar el convenio, por lo que declaró nulo el pacto de convivencia.
El alcance del fallo y la figura del enriquecimiento sin causa
La sentencia aplicó la figura del enriquecimiento sin causa, que permite reparar situaciones en las que una persona incrementa su patrimonio a costa de otra sin justificación legal.
En este caso, la jueza consideró probado que el patrimonio del demandado creció gracias a las obras, los departamentos, el comercio y el vehículo, mientras la mujer aportó trabajo no remunerado y tareas de administración.
El fallo remarcó que las uniones convivenciales no generan automáticamente un régimen de reparto de bienes como el matrimonio, pero tampoco permiten que uno de los integrantes conserve sin compensación el valor producido por los aportes económicos o laborales de la otra parte, especialmente si existieron condiciones de desigualdad.
Una pericia inmobiliaria estimó en US$132.000 el valor de mercado de la propiedad en 2022 y calculó que cada departamento podía alquilarse por $20.000 mensuales en ese momento. A ese valor se deberán sumar los intereses hasta que el fallo quede firme.
